Documento creado: 14 agosto del 07
Air & Space Power Journal - Español  Tercer  Trimestre 2007

Grupo de paramilitares Colombianos. Foto por Gary Leech

COLOMBIA ES un país que enfrenta un conflicto interno de más de cuatro décadas, cuyas complejas características lo hacen único en el mundo. Narcotráfico y terrorismo conducidos por guerrillas comunistas y grupos paramilitares de extrema derecha representan componentes principales dentro de la problemática nacional. Para enfrentar el conflicto, la administración del presidente Álvaro Uribe diseñó la estrategia conocida como "Política de Defensa y Seguridad Democrática," la cual arrojó resultados altamente positivos durante el período 2002-2006. Uno de los más significativos fue la desmovilización de 31.671 miembros de organizaciones paramilitares, lograda a través de un proceso lleno de dificultades. El negocio ilícito del trafico de drogas, las acciones terroristas, y la actividad criminal interna desarrollada por los grupos paramilitares, crearon enorme controversia y desconfianza entre la población civil. No obstante, a pesar de la naturaleza polémica de la estrategia del gobierno, y del corto tiempo para realizar una evaluación de la misma; es indudable que la situación general en Colombia ha mejorado considerablemente.

Este artículo examinará el conflicto interno y la eficacia de las políticas y estrategias del gobierno para enfrentarlo. Para entender el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares se estudiará inicialmente la naturaleza y desarrollo del conflicto interno en Colombia. Luego, la estrategia usada por el gobierno y su influencia en el proceso. Obstáculos e implicaciones del terrorismo y narcotráfico. Seguidamente, una evaluación de la Ley de Justicia y Paz, para finalizar con un análisis de los resultados y efectividad de la estrategia del gobierno frente a la desmovilización de las organizaciones paramilitares ilegales.

En la historia de Colombia, la violencia política, las guerras civiles y los conflictos armados de carácter nacional o regional han sido frecuentes. Este tipo de circunstancia existe en el proceso de formación del Estado Colombiano desde el siglo XIX, forma parte de la dinámica política en medio de la cual se han sentado bases constitucionales y legales de la nación y reaparece en el conflicto armado interno surgido a mediados del siglo XX. Como una metamorfosis, el conflicto ha evolucionado desde la violencia política propia de los años cincuenta, hacia la guerra de guerrillas conducida por movimientos insurgentes durante los sesenta y setenta, pasando luego a las prácticas terroristas de los ochenta, hasta llegar en los noventa a un fenómeno conocido como "narcoterrorismo". Este involucra organizaciones terroristas financiadas por el tráfico ilegal de drogas, apoyadas por el crimen organizado con nexos internacionales, constituyendo una seria amenaza para la estabilidad y seguridad nacional.

Al nacer la primera República de Colombia en 1810, nacieron los partidos políticos: Conservador de derecha y Liberal con tendencia de izquierda.¹ La radicalización de la población en favor de estos partidos, dió nacimiento a la violencia política, la cual desató 52 guerras civiles generales o regionales durante el siglo XIX², lo que incrementó la debilidad del estado y allanó el camino para la revuelta y la conspiración.

Colombia vivió una relativa paz durante las primeras décadas del siglo XX. Pero la tregua entre liberales y conservadores fue rota en 1948 con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán,³ iniciando el periodo conocido como "La Violencia".⁴ En 1957 los dos partidos políticos acordaron crear el Frente Nacional, con el propósito de alternar la presidencia y lograr así una distribución equitativa del poder político.⁵ Unos años más tarde, hizo aparición un movimiento insurgente conformado por varios grupos. El pro-soviético "Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia" (FARC), creado en 1964. El pro-cubano "Ejército de Liberación Nacional" (ELN), fundado en 1965. El pro-chino "Ejército Popular de Liberación" (EPL), creado en 1969. El "Movimiento Nacionalista 19 de Abril" (M-19), formado en 1974 por el ala radical del partido político Alianza Nacional Popular (ANAPO).⁶ Cada una de las mayores organizaciones armadas será examinada a continuación en detalle.

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

Bandera de la FARC

El desquiciamiento de la vida agraria colombiana y la gran cantidad de desaciertos en el manejo de las situaciones creadas por la violencia bipartidista, constituyeron la base para la germinación del movimiento armado comunista. De la confusión resultante del desenvolvimiento de la violencia política sectaria de mitad del siglo XX, surgió la guerrilla ideológica, de la que las FARC son el más antiguo exponente. Estas, asumieron su nombre actual en 1965, como brazo armado del partido comunista con filosofía y apoyo soviético.⁷

Durante los años sesenta y setenta, las FARC no lograron ningún objetivo importante, ni ejercieron influencia alguna en la vida política del país. De hecho la década de los setenta culmina para las guerrillas clásicas, con profundas crisis internas de crecimiento y consolidación.⁸ Cuando los canales de apoyo internacional a las guerrillas comunistas se cerraron, con el colapso del imperio soviético, las luchas ideológicas en el Tercer Mundo perdieron su intensidad con lógica rapidez. Al producirse este fenómeno a mediados de los años ochenta, las insurgencias latinoamericanas se vieron ante una alternativa de vida o muerte: buscar soluciones negociadas, o hallar otras fuentes de financiamiento. En Centroamérica optaron por lo primero. En Colombia, surgía el narcotráfico con el carácter del más formidable negocio internacional del siglo.

Figura 1.

A la fuente anterior se agregó en Colombia el secuestro en gran escala, acompañado de otros procedimientos basados en el terror, cobro de tributos a ganaderos y agricultores, asaltos bancarios, extorsión, secuestro, chantaje, erigiéndose todo un emporio financiero sobre estas bases criminales. Se estima que en el 2001 los ingresos de las guerrillas en Colombia ascendieron a mil cincuenta y dos millones de dólares ⁹ , es decir en un año estas obtienen casi lo que equivale al apoyo de Estados Unidos al país por concepto del Plan Colombia, como producto de sus actividades delictivas, pero principalmente del narcotráfico (Figura 1). En 1982 el Presidente Belisario Betancurt inició un proceso de paz con los grupos subversivos.¹⁰ Las FARC aprovechó los diálogos para incrementar sus efectivos seis veces, y el gobierno suspendió el proceso en 1987. Durante los noventa, las FARC llegó a ser el mayor traficante de drogas ilícitas del mundo, con un poderoso aparato militar. En el 2007 disminuido a 11.000 miembros en armas, continúa siendo el principal grupo desestabilizador en Colombia.

De teoría castrista, con ideología marxista-leninista, el ELN se financia principalmente de la extorsión a empresas multinacionales y el narcotráfico.¹¹ Este grupo, fuertemente golpeado por el Ejército, actualmente no alcanza los 2.500 efectivos y se encuentra en negociaciones con el gobierno.

De doctrina maoista, el EPL , ha sido el movimiento insurreccional de menor repercusión política y dimensiones combatientes. En 1990, después de su mayor derrota frente al Ejército, en acuerdos con el gobierno desmovilizó 1.000 de sus efectivos. El resto del grupo se desintegró en 1996.

De confusa filosofía marxista, se concentró inicialmente en la acción urbana. Después de haber sido el grupo mas beneficiado por el proceso de paz entre 1982-1986, el M-19 se desmovilizó en 1990, dando nacimiento a un partido político legal de izquierda.

Las autodefensas cometen más del 70% de la violaciones de los derechos humanos en Colombia. Foto por Gary Leech

La desproporción entre el tamaño de la Fuerza Pública y la combinación de espacio geográfico y dimensión de la guerrilla dispersa sobre ese mismo espacio, contribuyó al surgimiento de diversas formas defensivas de agrupaciones rurales amenazadas por esa guerrilla y desprotegidas por el estado. El término autodefensa, abarca esas formas cambiantes de autoprotección propiciadas en ciertos casos por el mismo Estado, surgidas en otros de la iniciativa de líderes locales asfixiados por el acoso de guerrillas revolucionarias.

Con base en la legislación promulgada en 1965 bajo el gobierno del Presidente Guillermo Valencia, se halló conveniente autorizar autodefensas rurales durante los primeros años del Frente Nacional.¹² El Ejército y la Policía organizaron grupos similares en la región del Magdalena medio, donde funcionaron sin inconvenientes tanto en zonas liberales como conservadoras. Al producirse la ruptura entre guerrilla y narcotráfico en algunas zonas geográficas, este último echó mano de organizaciones de autodefensa para ponerlas a su servicio, con lo cual éstas adquirieron fisonomía criminal.¹³

En 1987, el gobierno del presidente Virgilio Barco declara ilegal toda organización de autodefensa. En esta decisión influyó notablemente la izquierda revolucionaria. Con el oportunista término de "paramilitarismo" que rápidamente se abrió camino al ser acogido por los medios de comunicación, se hizo creer que todo organismo de autoprotección rural, así fuese de carácter pasivo, actuaba en forma criminal y era apoyado por el Ejército. Consecuentemente, fuera de todo control civil y militar del Estado, los mal llamados paramilitares se dedicaron a hacer su propia guerra contra la subversión, perfilándose como un proyecto contrainsurgente de carácter civil¹⁴. Al principio únicamente ofrecían seguridad a los pobladores de las zonas rurales, más tarde iniciaron acciones ofensivas destinadas a disputarle a la guerrilla el control de determinados territorios, logrando ganar apoyo de importantes sectores de la sociedad colombiana. No obstante, esta situación inicia a cambiar cuando estos grupos deciden usar el terror contra la población civil.

El secuestro, asesinato selectivo y masacre indiscriminada se convirtieron en el estándar operacional de los paramilitares. Por ataques terroristas, más de 3.000 colombianos fueron asesinados en el 2001, muchos de ellos por los paramilitares. Así mismo, de los 2.586 secuestros, cerca de 2.000 fueron hechos por miembros de estos mismos grupos.¹⁵

Otro gran problema de esta organización, es su vínculo con el narcotráfico, su principal fuente de financiación y base fundamental para su evolución (Figura 2), el cual ha generado a su vez frecuentes disputas territoriales con las guerrillas. En el 2003, había presencia de grupos paramilitares en 86 de los 162 municipios donde la coca es cultivada.¹⁶ Este mismo año, inician los diálogos entre el gobierno y los grupos paramilitares, con el propósito de lograr su desmovilización.

El Estado colombiano ha tenido, frente al fenómeno de la insurgencia y el conflicto armado interno, las posturas más disímiles, que corresponden casi totalmente a los cambios de gobierno que se realizan cada cuatro años, sin que se advierta un hilo conductor, ni claridad de propósitos a largo plazo¹⁷ A mediados de los sesenta, fue diseñado el denominado Plan Lazo, de excelente concepción político-militar, pero cuya ejecución solo se realizó en el campo militar.¹⁸ Después de este plan, y hasta el comienzo de la administración de Belisario Betancurt en 1982, el gobierno prácticamente ignoró el problema insurgente. Este no tuvo un claro propósito para enfrentar las guerrillas, y desestimó significativamente su potencial como amenaza.¹⁹

Figura 2.

La Administración Betancurt desarrolló un fracasado proceso de paz con las guerrillas. Después de tener prácticamente eliminado al ELN, derrotado al M-19 con la mayoría de sus líderes en prisión, y las FARC reducida a 1.300 hombres; el proceso de paz habilitó a las guerrillas para incrementar su tamaño más de seis veces y dispersarse por todo el país. Estas acciones generaron la creación de autodefensas ilegales y grupos paramilitares. Los años noventa, inician con la desmovilización del M-19 y EPL bajo la administración de César Gaviria.

El presidente Gaviria, diseñó una estrategia nacional para enfrentar el conflicto, la cual lamentablemente no perduró más allá de su administración. Su sucesor Ernesto Samper (1994-1998), acusado de financiar su campaña electoral con dineros del narcotráfico, dedicó su tiempo como mandatario a su propia defensa. El presidente Andrés Pastrana (1998-2002), diseñó el "Plan Colombia", con el auspicio de los Estados Unidos, como una estrategia para promover el proceso de paz, luchar contra las organizaciones traficantes de drogas, revitalizar la economía y fortalecer las instituciones democráticas. Aunque el Plan Colombia fue ideado como una estrategia de corto plazo para tratar con estos asuntos, este constituyó una base fundamental para futuras administraciones.

Álvaro Uribe elegido Presidente en el 2002, diseñó la estrategia denominada "Política de Defensa y Seguridad Democrática". Esta incluye no solamente aspectos militares, sino también una ofensiva legal para combatir las organizaciones terroristas y carteles de las drogas; y la coordinación entre todas las instituciones del gobierno. Cinco objetivos estratégicos pretenden alcanzar el objetivo general de fortalecer el estado de derecho en todo el territorio nacional: consolidación del control estatal del territorio, protección de la población, eliminación del comercio de drogas ilícitas en Colombia, mantenimiento de una capacidad disuasiva y, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.²⁰

Se estima que en el 2002 el estado no ejercía control sobre un 40% del territorio nacional, incluyendo las áreas donde las drogas ilegales eran cultivadas, y donde guerrillas y paramilitares ejercían presencia.²¹ Desde finales de los noventa, los paramilitares expandieron rápidamente su control territorial, desplazando a las guerrillas de varios de sus tradicionales dominios en zonas de cultivo de coca.²² En el 2000, siete bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estaban en zonas de cultivo de coca y opio.²³ Violaciones a los derechos humanos, actividades criminales y masacres eran la norma en las regiones con presencia paramilitar. El gobierno desarrolló entonces, seis cursos de acción para alcanzar los objetivos estratégicos: coordinar la acción del Estado, fortalecer las instituciones del Estado, consolidar el control del territorio nacional, proteger a los ciudadanos y la infraestructura de la nación, cooperar para la seguridad de todos, y comunicar las políticas y acciones del Estado. A continuación veremos un breve contenido de los mismos.

El Presidente Álvaro Uribe. Foto por Ryan Brown

La falta de coordinación eficaz entre las instituciones del Estado, ha sido quizás una de las mayores deficiencias en Colombia en la respuesta a la seguridad de los ciudadanos. El gobierno emitió entonces directrices para que las Fuerzas Militares, actúen de manera coordinada y unificada con los demás poderes del Estado. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es la instancia con la que el presidente coordina con los ministros y fuerza pública la ejecución de la estrategia nacional.²⁴

Un factor decisivo para enfrentar el conflicto interno, ha sido los esfuerzos del gobierno para fortalecer el sistema judicial, fuerzas militares, policía nacional, agencias de inteligencia y finanzas del estado. Para ello, la infraestructura y el sistema legal fueron modernizados, incluyendo para tal fin modificaciones en algunos artículos de la Constitución.²⁵ El sistema punitivo e investigativo se está fortaleciendo en todos sus aspectos, y un moderno sistema penal acusatorio fue implementado.²⁶ La política criminal integral diseñada, le permite al Estado perseguir en primer término a quienes representan el peligro más grande para la sociedad y la democracia, como los terroristas y narcotraficantes, y asegurar a la vez que éstas conductas sean sancionadas con las penas mas fuertes y regímenes penitenciarios severos. El informe general de la oficina de contabilidad de los Estados Unidos al congreso en el 2004, muestra importantes avances del sistema judicial en Colombia. Las investigaciones incrementaron significativamente en los años 2002 y 2003, las detenciones aumentaron un 35%, acusaciones un 73% y los pliegos de cargos un 200%.²⁷

Más del 30% de los guerrilleros de la FARC son mujeres. Foto por Garry Leech

La administración Uribe continúa el proceso de reestructuración y modernización de las Fuerzas Militares iniciado por el Presidente Andrés Pastrana. En el periodo 2002-2006 el Ejército creó nueve brigadas móviles nuevas, una brigada de Comandos, cinco batallones de montaña, y dos brigadas de infantería.²⁸ Las brigadas móviles fueron asignadas a las áreas más críticas. La brigada de Comandos, una unidad altamente especializada, tiene la misión específica de capturar líderes terroristas. Los batallones de alta montaña controlan las líneas de comunicación y corredores de movilidad de los grupos terroristas. Con las brigadas de infantería fueron creados 582 pelotones de soldados campesinos, conformados por personas oriundas de la región. Ellos trabajan en forma coordinada con la Policía Nacional, operan alrededor de las ciudades para aislar los terroristas de la población civil y apoyar la autoridad civil en la aplicación de la ley.

En cuanto refiere a la Policía Nacional, la prioridad fue extender su cobertura hacia las municipalidades que carecían de ella. Actualmente la policía está presente en los 1.098 municipios de Colombia.

Esta línea de acción contempla tres fases fundamentales: recuperación, mantenimiento, y consolidación del control estatal del territorio.²⁹ El gobierno gradualmente restaura la presencia y autoridad de las instituciones del Estado, iniciando por las áreas estratégicamente importantes. Una vez las Fuerzas Armadas han restablecido el control en la zona, unidades del Ejército y la Policía mantienen la seguridad y protección de la población civil. Esto permite a las organizaciones del Estado y autoridades de investigación penal trabajar en el área. Seguidamente el Estado emprende una política de consolidación territorial, restableciendo la normal operación del sistema judicial, fortaleciendo la democracia local, enfrentando las necesidades de la población, desarrollando proyectos de mediano y largo plazo con el objetivo de crear un sostenido desarrollo económico y social.

El mecanismo fundamental para proteger las vidas y derechos de los ciudadanos es el fortalecimiento del estado de derecho en todo el territorio nacional. Adicionalmente el gobierno ha implementado varios programas que suministran protección a personas en riesgo, víctimas de desplazamiento forzado, terrorismo, secuestro y extorsión e infraestructura económica de la nación.

Una amplia red de ciudadanos ha sido organizada en áreas rurales y urbanas, quienes cooperan voluntariamente brindando información que permita la prevención y persecución del delito, imitando modelos exitosos de este tipo como los del Reino Unido y Australia. De manera complementaria se ha puesto en práctica un programa de recompensas para informantes de los organismos de seguridad del estado, que suministren información que conduzca a la prevención de atentados terroristas o a la captura de integrantes de organizaciones armadas ilegales.

Colombia tiene acuerdos de extradición con varios países. Esta constituye quizás la acción legal a la que más temen los terroristas y narcotraficantes en Colombia. Bajo la administración del presidente Uribe, hasta mayo del 2006, más de 350 colombianos habían sido extraditados a los Estados Unidos, la mayoría por tráfico de drogas.³⁰ Esta suma es bastante significativa, comparada con las 64 personas que fueron extraditadas durante la totalidad de la administración Pastrana (1998-2002),³¹ la cual supera además de lejos la totalidad de las precedentes administraciones en conjunto. Los comprobados nexos entre los paramilitares y el tráfico ilícito de drogas, ubicaron a estos en alto riesgo de extradición hacia los Estados Unidos. En marzo del 2004, dieciocho paramilitares fueron vinculados por Estados Unidos, a la lista de los mayores narcotraficantes del mundo, incluidos líderes importantes como los hermanos Castaño, Salvatore Mancuso, y Diego Murillo (a. Don Berna).³² Consecuentemente, ante la agresiva política emprendida por el Presidente Uribe, la extradición pasó a ser un tema central en las negaciones entre el gobierno y los paramilitares para su desmovilización, constituyéndose en una importante herramienta de presión para el gobierno.

El tráfico ilícito de drogas es un fenómeno que está estrechamente relacionado con el conflicto interno. Gran parte de las zonas donde se cultiva la droga ilícita tiene presencia de uno o más grupos ilegales armados que luchan por el control de territorio. Tanto guerrillas como paramilitares tienen este negocio ilícito como fuente principal de financiamiento. Informes oficiales estiman que el ingreso total de las organizaciones paramilitares es de aproximadamente $250 millones de dólares al año, con un 70% proveniente del comercio de la droga.³³ En 1997, a las organizaciones paramilitares se les atribuyó haber cometido seis masacres con un total de 30 víctimas, y en 1999 esa cifra aumento a 61 masacres con 408 víctimas.³⁴ En el 2001, las atrocidades cometidas por estos grupos paramilitares sobrepasaron las cometidas en años anteriores. Estos hechos recibieron el repudio nacional e internacional, y provocaron la inclusión de estos grupos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras de Estados Unidos y la Comunidad Europea.³⁵

Las atrocidades cometidas por estas organizaciones generan gran nivel de desconfianza en el proceso de desmovilización. Organizaciones internacionales, organizaciones gubernamentales y víctimas en su totalidad tienen grandes motivos para resistir la integración de antiguos ilegales en la sociedad. No obstante, el gobierno tiene que hacer todo lo que pueda para darle solución al conflicto. Entonces el dilema radica en encontrar un equilibrio adecuado entre justicia, reparación y perdón, para lo cual, el gobierno necesariamente tiene que hacer concesiones. Un tema difícil de entender para muchos e inaceptable para otros.

Ninguna organización ilícita va a querer desmovilizarse si las condiciones de justicia son severas, o si no se otorgan incentivos para cesar su accionar. Por consiguiente, para lidiar con este problema, la administración del Presidente Uribe redactó la Ley de Justicia y Paz, la cual ha ocasionado gran controversia entre partidarios y oponentes.

El marco legal actual para las desmovilizaciones individual y colectiva radica en la Ley 418 de 1997, extendida por el Congreso como Ley 782 en diciembre del 2002. Estas leyes establecen, inter alia, que un cese del proceso, una resolución de preclusión de la investigación o una resolución de rechazo se pueden conceder a favor de aquellos que confiesen y que han sido acusados, o enjuiciados por delitos políticos, y no han sido declarados culpables por un fallo en firme, siempre y cuando escojan participar en una desmovilización individual o colectiva.³⁶ La Ley 782 limita los beneficios para aquellas personas que han participado en una conducta que constituye actos atroces de fiereza o barbarismo, terrorismo, secuestro, genocidio y homicidio cometidos fuera de combate, o cuando la víctima se encuentra en una condición sin defensa.

Las negociaciones iniciales entre el gobierno y los líderes de los paramilitares (AUC), giraron en torno a establecer un marco legal para la desmovilización. La primera iniciativa que resultó de este esfuerzo fue el Proyecto de Ley 85 del 2003. Sin embargo, aunque la finalidad de esa ley era proporcionar un incentivo para la desmovilización y reintegración a la vida civil normal, esta beneficiaba personas que hubiesen cometido serias violaciones a los derechos humanos o a la ley internacional de los derechos humanos. Después de un debate en el Congreso y a la luz de serias inquietudes expresadas por integrantes de la sociedad civil; miembros del Congreso de Estados Unidos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos³⁷ y la comunidad internacional en general condenaron la Ley Estatutaria 85.

Las críticas principales expresadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en contra de esta Ley fueron las siguientes: ³⁸

Esas inquietudes fueron comunes en todas las respuestas de la comunidad nacional e internacional. Como resultado de ello, el Proyecto de Ley 85 del 2003 fue retirado. En abril del 2004, fue introducido en el Congreso el "Pliego de Modificaciones al Proyecto de Ley Estatutaria Núm. 85 de 2003", incluyendo muchos cambios a la versión anterior. Pero nuevamente fue objeto de gran controversia y la Ley 85 no fue aprobada en el Congreso.

Por último, en julio del 2005, después de un intenso debate, el Congreso Colombiano aprobó la "Ley 975 de Justicia y Paz" para servir como marco para la desmovilización de las organizaciones paramilitares.³⁹

Sin embargo, casi un año después, la Corte Constitucional se opuso a varias disposiciones que consideró demasiado comprometedoras de los principios de justicia en medio de la búsqueda por la paz.⁴⁰ En general, la Corte estrechó las sanciones y las consecuencias por mentirles a los fiscales acerca de participaciones anteriores en atrocidades y otros crímenes, extendió el tiempo otorgado a los fiscales para investigar los líderes paramilitares y dictaminó que, además de regresar los activos obtenidos ilegalmente, a los paramilitares se les podría requerir que pagaran reparaciones a las víctimas de sus fortunas adquiridas legal e ilegalmente.⁴¹

Los cambios efectuados por la Corte resultaron en grandes proclamaciones a nivel nacional e internacional, incluyendo a una de las organizaciones más criticas del proceso, "Human Rights Watch" quien expresó que la decisión por parte de la Corte Constitucional de Colombia de anular partes de la ley concordaba con los estándares constitucionales e internacionales de verdad, justicia y reparación.⁴²

Como resultado de esas revisiones a la ley, los líderes paramilitares amenazaron con retirarse del proceso si se aprobaba la interpretación más estricta de la Corte con respecto a la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, después de varias reuniones con representantes del gobierno, los líderes paramilitares decidieron continuar con el proceso. A pesar de esas demoras, esta ley resultó en la desmovilización más grande de los grupos armados ilegales en la historia colombiana.

La estrategia del Presidente Uribe, junto con otros incentivos creados para motivar la desmovilización, labró el camino para las negociaciones entre el gobierno y las organizaciones paramilitares. La mayoría de estos incentivos se incluyen en el Decreto 128 de 2003. Este Decreto regula, entre otros, los beneficios legales, socioeconómicos, educativos, económicos derivados de reintegrarse a la vida civil como resultado del proceso de desmovilización. En octubre del 2002, grupos paramilitares enviaron al gobierno, mediante el Obispo de Montería, Julio Vidal, su propuesta de declarar un cese de hostilidades para iniciar los diálogos. Como resultado, Luis Restrepo, Alto Comisionado de Paz del gobierno colombiano, dio inicio a los primeros contactos con estos grupos.

En una carta pública enviada al Presidente el 29 de noviembre de 2002, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) declararon un cese de hostilidades a partir del 1º de diciembre. Junto con la AUC, el grupo paramilitar más grande, tres grupos, el Bloque Central Bolívar, las Autodefensas Campesinas de Casanare y las Autodefensas de Meta-Casanare se unieron al cese de hostilidades. El único grupo que rehusó participar en el cese fue el Bloque Metro, que se había separado de la AUC.

El 15 de Julio de 2003, el Gobierno y la AUC firmaron el "Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz de Colombia" .⁴³ El gobierno estaba comprometido con efectuar las acciones necesarias para reintegrar a miembros de la AUC a la vida civil y la AUC acordó completar la desmovilización de la organización antes del 31 de diciembre de 2005. El proceso comenzó el 25 de noviembre de 2003 con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara. Más tarde, se llegó a acuerdos similares con grupos más pequeños.

El 23 de enero de 2004, el Presidente Álvaro Uribe y el Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, firmaron un Acuerdo que permitió a la OEA organizar y comenzar la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. ⁴⁴ Este también ayudó a la iniciación rápida del proceso que resultó en la firma del "Acuerdo de Fátima"⁴⁵ el 13 de mayo de 2004, que estableció una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Tierralta, Córdoba.

Figura 3.

La AUC realizó una serie de desmovilizaciones colectivas que comenzaron el 25 de noviembre de 2004, con el Bloque Bananero. El 10 de diciembre de 2004, se desmovilizó el Bloque Catatumbo, comenzando un proceso de desarme colectivo que se extendió hasta el 11 de abril de 2006. Después de un proceso independiente de diálogo, el Bloque Elmer Cárdenas fue desmovilizado el 15 de agosto de 2006. Esto completó el proceso de desmovilización de los "grupos de autodefensa" ilegales. Este proceso colectivo de desmovilización resultó en la reintegración pacífica de 31.671 hombres y mujeres a la sociedad, al igual que la entrega de 18.025 armas, durante 38 actos de desmovilización.⁴⁶

Estas desmovilizaciones representaron un gran adelanto en la búsqueda de la paz. Según estudios independientes, el número de homicidios entre 2002 y 2006 disminuyó aproximadamente 20.000. Esto significa que como resultado de las negociaciones llevadas a cabo con los grupos armados se evitaron unos 10.000 asesinatos. Como consecuencia de la desmovilización, los secuestros, el número de personas desplazadas internamente y los actos terroristas disminuyeron significativamente durante esos años.⁴⁷ En el 2003, la cifra de personas secuestradas fue 2.121, y para el 2006 esa cifra bajó a 687. Además, entre 2002 y 2006, 32.253 personas desplazadas internamente regresaron a sus lugares originales de residencia. La cifra de actos terroristas bajó de 1.257 en el 2003 a 646 en el 2006.⁴⁸ (Figura 3). En el campo económico, la tasa de crecimiento real en la inversión privada aumentó de 19,1% en 2003 a 31,3% en 2004, y a 24,2% en 2005. La tasa de desempleo bajó de 15,3% en 2002 a 12,8% en 2006. La tasa de crecimiento del producto bruto nacional subió de 2,3% en 2002 a 5,2% en 2005 y hasta un 6,4% durante los tres primeros trimestres de 2006.⁴⁹

No obstante, el proceso de desmovilización ha estado sujeto a críticas de varios sectores. Gran parte de la crítica es injusta y no toma en consideración la extrema complejidad y características singulares del proceso.⁵⁰ Una de las críticas principales acerca de la desmovilización se concentra en la aparente insuficiencia de condenas impuestas a los paramilitares, las cuales van de cinco a ocho años. La pregunta surge sobre cuán exitoso hubiese sido el proceso de desmovilización si el Estado hubiese impuesto condenas superiores a quince años. Es probable que condenas más severas hubiesen ocasionado que el proceso de desmovilización fracasara. El respaldo por parte del gobierno de la Ley de Justicia y Paz, y su capacidad de hacerla cumplir respecto a las fuerzas paramilitares, fue un logro significativo. La ley obliga a los integrantes de los grupos paramilitares a que por lo menos reconozcan algunos de sus crímenes, cumplan condenas de cinco a ocho años en prisión y provean ciertas reparaciones a sus víctimas. La enmienda adicional a la ley por parte de la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-370-2006, hizo que la ley concordara con los estándares constitucionales e internacionales de verdad, justicia y reparación.

Al compararla con otros procesos de desmovilización en el mundo, la Ley de Justicia y Paz resultó ser el proceso más eficaz. Por ejemplo, en Irlanda del Norte, donde integrantes terroristas del Ejército Republicano Irlandés de por lo menos tres grupos paramilitares fueron desmovilizados, el Estado británico no impuso requerimientos de confesiones a crímenes cometidos, ni tiempo en prisión obligatorio ni el pago de reparaciones a las víctimas. De manera similar, es poco probable que el Estado español, al desmovilizar el grupo vasco ETA, impondrá condiciones tan severas como las de la Ley de Justicia y Paz colombiana.⁵¹ Por otra parte, en comparación con el marco legal de acuerdos de paz anteriores entre el gobierno y las guerrillas izquierdistas a fines de la década de los años ochenta e inicios de los noventa, la Ley de Justicia y Paz es mucho más exigente. Estos acuerdos resultaron en la desmovilización de cinco grupos de guerrilla los cuales incluían amnistía total para sus integrantes. A los participantes no se les exigió que reconocieran sus actos pasados, ni que cumplieran condenas en prisión, ni que hicieran reparaciones a aquellos que fueron víctima de su violencia.

Pero, no todo en el proceso ha sido positivo. Algunos aspectos han ocasionado inquietudes, exigiendo la atención del gobierno para poder hacer los ajustes necesarios y evitar posibles fracasos del proceso. La Misión de la OEA para Apoyar el Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) identificó varias violaciones a los compromisos de la desmovilización y el fracaso de algunas unidades armadas ilegales de desmovilizarse. También encontró deficiencias en la reintegración a la sociedad de antiguos combatientes. Datos oficiales calculan que unos 5.000 paramilitares desmovilizados se han unido nuevamente a las organizaciones ilegales.⁵² Además, se estima que a partir del 15 de junio de 2006, el Plan de Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) ha servido solamente a 19.572 del total de 30.028 total de combatientes desmovilizados.⁵³ Por último, los sistemas de salud colombianos le dan acceso a 32.777 beneficiarios del programa PRVC, que es suficiente para ofrecer cobertura para todos los miembros de la AUC desmovilizados, pero no para su núcleo familiar.

Un aspecto que ocasionó desilusión dentro del gobierno fue la desconfianza mostrada por los miembros de la Comunidad Europea. Esta se distanció del proceso de paz, principalmente a causa de los problemas con los derechos humanos y los ajustes a la Ley de Justicia y Paz. No obstante, resulta importante destacar que la situación está mejorando. Para septiembre del 2006, cuatro países europeos apoyaban el proceso. Los Países Bajos, junto con Suecia, Irlanda y España, ya han contribuido con fondos importantes y otras formas de apoyo.

Figura 4. Más del 30% de los guerrilleros de la FARC son  mujeres. Foto por Garry Leech

Por otra parte, Estados Unidos ha hecho contribuciones financieras importantes para la Misión. Canadá, Chile, México y Brasil han proporcionado financiamiento y otros recursos.⁵⁴ Estos apoyos proveen ayuda importante al gobierno, permitiendo el fortalecimiento de sus capacidades de respuesta para el Programa de Retorno a la Vida Civil de los Paramilitares Desmovilizados.

Otro tema que ha generado un enorme debate es la conexión que se descubrió entre las organizaciones paramilitares y unos cuantos congresistas y otros políticos. Este fenómeno, conocido como "para-política" por la opinión pública, resultó en el arresto de ocho congresistas el 15 de febrero de 2007, todos acusados de confabulación o colaboración con las organizaciones paramilitares.⁵⁵ Esta situación ha resultado en reproches en contra no sólo del proceso sino de la administración presidencial, porque varios de los acusados eran miembros del partido gobernante. Sin embargo, durante la última encuesta Gallup, llevada a cabo en abril del presente año en Colombia, el escándalo de la para-política no afectó el índice de aprobación del Presidente Uribe. La encuesta indica que el nivel de aprobación aumentó de 70% a 72% en marzo, y a 75% en abril.⁵⁶ Además, la encuesta muestra que el 75% está de acuerdo con las negociaciones de paz entre el gobierno y las organizaciones paramilitares (Figuras 4, 5). Esos resultados muestran que la administración del Presidente Uribe mantiene su aprobación y legitimidad, lo que quizás representa su centro de gravedad.

Bajo esas circunstancias, el proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia continúa. Este es un proceso que es singular en la comunidad internacional, y el gobierno aún tiene retos importantes para superar las debilidades que este presenta. El éxito verdadero del proceso con certeza emanará de las acciones futuras del gobierno y su capacidad de evitar repetir los errores de desmovilizaciones anteriores, al igual que las desmovilizaciones de otras naciones. En Guatemala, por ejemplo, el proceso de reintegración no se ha completado, después de once años. En El Salvador un número de organizaciones criminales surgió después del proceso de paz, y en Liberia los cálculos errados del gobierno en cuanto al número de personas desmovilizadas y sus recursos han creado problemas significativos con el proceso.

Figura 5.

En el 2003, Colombia, un país con un conflicto interno de más de cuatro décadas, comenzó un proceso emprendedor para desmovilizar organizaciones armadas ilegales. Ese proceso, con un saldo final de 31.671 personas desmovilizadas, constituye indudablemente el mayor triunfo de la Política de Defensa y de Seguridad Democrática de la administración del Presidente Uribe. No obstante, el proceso ha sido objeto de intenso debate a nivel nacional e internacional por la participación de los paramilitares en el tráfico de drogas, terrorismo y violaciones a los derechos humanos. Esos debates, si bien son buenos y necesarios para garantizar que el proceso de desmovilización se lleve a cabo de manera justa y con supervisión, reflejan algunos malos entendidos básicos acerca de la verdadera naturaleza de los problemas dentro de Colombia.

La Ley de Justicia y Paz, concebida por el gobierno para hacer un equilibrio entre justicia, perdón y compensación para las víctimas; impone varias sanciones severas y condiciones que no contemplan leyes promulgadas en otros países del mundo, tales como Gran Bretaña y España, en procesos similares. Además, el marco legal de la Ley de Justicia y Paz es más exigente que otras desmovilizaciones anteriores en Colombia, las cuales otorgaron amnistía total a las organizaciones ilegales, sin tiempo en prisión ni reparación para las víctimas.

Por ultimo, la pregunta central sigue siendo, ¿cuánto impacto tendrá la desmovilización de las organizaciones paramilitares en la resolución del conflicto interno? La respuesta incluye programas que aún están diseñándose, y el gobierno enfrenta un enorme reto en el proceso después de la desmovilización. La aplicación estricta de la Ley de Justicia y Paz, y la capacidad del Estado de controlar zonas anteriormente ocupadas por las organizaciones paramilitares son porciones críticas de la respuesta a la pregunta central. Las medidas adoptadas por el gobierno para detener la participación de los paramilitares en el tráfico ilícito de drogas, y los ajustes hechos al programa de reintegración, también son factores significativos para el éxito final del proceso. Aún es demasiado pronto para juzgar la eficacia de la desmovilización de los paramilitares, y será el tiempo el mejor aliado para evaluar su efecto estratégico en el contexto general del conflicto interno en Colombia.  

1. Carlos A. Valderrama, "Historia de Colombia", Revista Credencial Historia No 39, Bogotá, Marzo, 1993, p. 13.

2. Alfonso B. Uribe, Colombia peleando una Guerra perdida, Santiago de Chile: RIL Impresores, 2002, pp. 13-14.

3. Candidato presidencial del partido liberal.

4. Luis Restrepo, Más allá del terror: Abordaje cultural de la violencia en Colombia, Bogotá: Distribuidora y Editora Aguilar, Altea, Taurus Alfaguara S.A, 2002, p. 50.

5. Marcella, Gabriel, "The United States and Colombia: The Journey from Ambiguity to Strategic Clarity". Carlisle, Shaping the Regional Security Environment in America Series Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, 2003, p. 7.

6. Francisco Leal, "Armed Actors in the Colombian Conflict," in Dirk Krujit, ed., Armed Actors: Organized Violence and State Failure in Latin America, New York: St Martin’s Press, 2004, p. 88

7. Arturo Alape, Tirofijo: los sueños y las Montañas, Bogotá: Editorial Planeta, 1994, p. 80

8. Alejo Vargas, Las Fuerzas Armadas en el conflicto Colombiano, Bogotá: Editorial Nomos S.A, 2002, p. 261.

9. Comité Interinstitucional de Lucha Contra las Finanzas, Informe 2000-2001, Bogotá: Marzo 2002.

10. Álvaro Villarraga, Derecho Internacional Aplicado, casos de Colombia, El Salvador, Guatemala, Yugoslavia y Ruanda, Bogotá: Nueva Editorial, 1998, p. 262.

11. Alvaro Valencia, Testimonio de una Época, Bogotá: Editorial Planeta, 1992, pp. 559, 560.

12. Decreto Legislativo 3398, Por el cual se organiza la Defensa Nacional, Bogotá: Presidencia de la República, Diciembre 24, 1965.

13. Álvaro Valencia, Inseguridad y Violencia en Colombia, Bogotá: Impreandes Presencia, 1997, pp. 49, 50.

14. Alfredo Rangel, Guerra Insurgente, Conflictos en Malasia, Perú, Filipinas, Salvador, y Colombia: Bogotá: Argraphics, 2001, p. 353.

15. Department of State, Report to Congress on United States Policy toward Colombia and Other Related Issues, Washington, 2003.

16. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Colombia: Coca Cultivation Survey 2003, Vienna, UNODC, 2004, p. 11.

17. Rangel, p. 353.

18. Alberto Andrade, Historia de Las Fuerzas Militares de Colombia, Violencia Política y Conflictos Internos, Tomo III, Bogotá: Editorial Planeta, 1993, p. 42.

19. Vargas, p. 261.

20. Presidencia de la República, Ministerio de Defensa, Política de Defensa y Seguridad Democrática, Bogota, 2003, p. 32.

21. Marcella, p.16

22. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), p. 11

23. Ministerio de Defensa, El narcotráfico una amenaza para la seguridad nacional, Bogotá: noviembre, 2002, p. 9

24. Presidencia de la República, pp. 34-36.

25. Acto Legislativo 003 /2002.

26. Ley 906/2004, Sistema Penal Acusatorio.

27. Para mayor información ver The United States General Accounting Office (GAO) report to the Congress, July 2004.

28. Información obtenida del Departamento E-3, Ejército de Colombia.

29. Presidencia de la República, 42.

30. William B. Wood Embajador de los Estados Unidos en Colombia en la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, 24 de mayo de 2006, disponible en http://bogota.usembassy.gov/ wwwsww73.html; Internet.

31. "Crece el numero de extraditados" El Colombiano, Febrero 20, 2004, p. 12.

32. "Paramilitares en la mira de estados Unidos" El Colombiano, Marzo 8, 2004, p. 11A.

33. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), "Informe Nacional de Desarrollo Humano", El Conflicto: callejón con salida, Bogotá: PNUD, 2004, p. 285.

34. Mauricio Romero, Paramilitares y Autodefensas: 1982-2003, Bogotá: Editorial Planeta Colombiana, 2003, p. 105

35. Francisco Leal, "Armed Actors in the Colombian Conflict," en Armed Actors: Organized Violence and State Failure in Latin America, New York, St Martin’s Press, 2004, p. 100

36. Artículo 50 Ley 418 modificada por Artículo 19 Ley 782

37. Ver Report on Demobilization Process in Colombia, Inter-American Commission on Human Rights OAS, Washington, 2004.

38. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Observaciones sobre el Proyecto de Ley 85/2003, Bogotá: 23 de septiembre de 2003.

39. Ley 975/2005 Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.

40. Woodrow Wilson Center, Latin American Program, Colombia’s Peace Processes: Multiple Negotiations, Multiple Actors, Washington, December 2006, p. 2.

41. Republica de Colombia Corte Constitucional, Sentencia C-370/2006, Bogotá, 18 de mayo de 2006.

42. Human Rights Watch, Court Fixes Flaws in Demobilization Law, New York, 19 May 2006, http://hrw.org/english/docs/2006/05/19/colomb13430_txt.htm;

43. Alto Comisionado para la paz en Colombia, Acuerdo de Santafe de Ralito para Contribuir a la Paz de Colombia, Santafe de Ralito 15 de julio de 2003.

44. Organization of American States, Resolution CP/RES. 859 (1397/04) Support to the Peace Process in Colombia, consultado el 25 de febrero de 2007.

45. Alto Comisionado para la paz en Colombia, Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia para la zona de Ubicación en Tierralta Cordova, Santafe de Ralito 13 de mayo de 2004,

46. Alto Comisionado para la paz en Colombia, http:// www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/g_autodefensa/informes_07.html; Internet;

47. Alfredo Rangel, en Colombia’s Peace Process: Multiple Negotiations, Multiple Actors, Ed. Cynthia Arnson et al., Latin American Special Report Washington, Wilson Center, 2006, p. 6.

48. Datos oficiales de la Presidencia de la República de Colombia, también disponible en htpp://www.presidencia

49. Ibid, disponible en http://www.presidencia.gov.co/resultados/documentos/2006/ava_eco_eng_bop1.pdf.

50. Rangel, p. 6.

51. Rangel, p. 7.

52. Datos suministrada por la Policía Nacional y el Departamento de Operaciones del Ejército de Colombia.

53. Organization of American States OAS, Mission to Support the Peace Process in Colombia (MAPP/OEA), Seventh Quarterly Report of the Secretary General to the Permanent Council on the Mission to Support the Peace Process in Colombia, Washington, August 2006), p. 9.

54. Ibid, p. 1, 2.

55. "Los Cinco Congresistas Capturados por los Nexos con los Paras son Trasladados a la Cárcel", Revista Semana, (15 de febrero de 2007), 7. También disponible en http://www.semana.com/ wf_InfoArticulo.aspx?idArt=101018.

56. GALLUP-Colombia, Poll No 57, and 58. Ver también "Favorabilidad de Uribe Sigue Imbatible Según la Nueva Encuesta de Gallup", Revista Semana (07 March 2007), 9. Disponible en http://www.semana.com/wf .InfoArticulo .aspx?idArt=101411.

 Colaborador

El Coronel José R. Perdomo, Ejército de Colombia (Licenciatura Universidad Cooperativa, Maestría, Universidad de Chile y Academia de Guerra Ejército de Chile, Maestría US Army War College), es un experimentado oficial del Ejército de Colombia, graduado recientemente del US Army War College clase 2007. Egresado de la escuela Militar de Cadetes como subteniente en 1980, ha participado en la ofensiva contra los grupos narco-terroristas en Colombia como Comandante desde nivel pelotón hasta Brigada y como jefe de operaciones de Batallón y División. Ha sido también profesor de Estrategia en la Escuela Superior de Guerra de Colombia y Profesor invitado de la Academia de Guerra del Ejército de Chile.

 Declaración de responsabilidad: Las ideas y opiniones expresadas en este artículo reflejan la opinión exclusiva del autor elaboradas y basadas en el ambiente académico de libertad de expresión de la Universidad del Aire. Por ningún motivo reflejan la posición oficial del Gobierno de los Estados Unidos de América o sus dependencias, el Departamento de Defensa, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos o la Universidad del Aire. El contenido de este artículo ha sido revisado en cuanto a su seguridad y directriz y ha sido aprobado para la difusión pública según lo estipulado en la directiva AFI 35-101 de la Fuerza Aérea.