Air & Space Power Journal - Español Primer Trimestre 2000

El Caso Pinochet: Implicaciones para
Chile, América Latina y el Mundo

Manpreet Sethi, PHD.
VIA IDSA

Desde que este artículo fue redactado hasta su publicación en nuestras páginas han sucedido varios pasos del proceso legal en Inglaterra. Procesos de apelación y de presentación de autos que no han permitido concluir el caso. Sin embargo, los argumentos presentados por la indagadora Sethi desde la India, nos deja ver que la preocupación mundial por los efectos del caso no solo afectan a la hermana República de Chile y todo Iberoamérica, sino a todo el mundo y el derecho internacional como se presenta hasta hoy en día. Las expresiones presentadas en este artículo bajo el ámbito de la libertad académica, no representan los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos, ninguna de sus dependencias, la Fuerza Aérea Estadounidense, la Universidad del Aire o de los gobiernos y correspondientes dependencias de Chile o India.

A MEDIADOS DE octubre de 1998, el senador vitalicio chileno, ex-Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de su país (1990-98) y ex-Presidente de la nación andina (1973-90), General Augusto Pinochet Ugarte fue arrestado en Londres acusado de tortura, secuestros y genocidio que se llevaron a cabo durante su régimen dictatorial en Chile. Cuando el General arribó al aeropuerto y decidió someterse a una operación quirúrgica en Londres, nadie, incluyéndolo a él mismo, hubiera podido anticipar los sucesos. Aún se encontraba en el hospital convaleciendo de su operación cuando se le presentaron las órdenes de arresto, pendientes de su extradición, para juicio en España, acusándolo de violación de los derechos humanos de 79 ciudadanos españoles y 15 ciudadanos de otros países durante su régimen militar.

Durante los últimos cuatro meses, los giros y cambios en el Caso Pinochet han sido realmente inesperados, para él y sus partidarios, así como para aquellos que demandan su juicio. No sólo le ha causado inconvenientes a él y puesto a la defensiva al gobierno de su país, sino que también ha puesto de relieve un sinnúmero de temas importantes para otros países de América Latina y de otros continentes.

En el ámbito regional, el caso abre viejas heridas que las nacientes democracias de América Latina habían intentado curar aplicando el remedio temporal de la "amnistía para los militares" con la esperanza de facilitar la reconciliación nacional. Con el arresto de Pinochet, lo sagrado de esta amnistía ha quedado ensombrecido, especialmente en lo de su aplicabilidad extraterritorial. Consecuentemente, el proceso democrático relativamente reciente de los países sudamericanos pasa a ser considerado bajo prueba. Se ha conjeturado ampliamente que el caso también tendrá impacto sobre las relaciones civiles-militares. Hasta la reciente llegada de la democracia, los militares habían disfrutado de una amplia variedad de poderes que la ad ministración civil estaba tratando de reducir, con resultados mixtos, durante la última década. El arresto de Pinochet ha puesto de relieve nuevamente el contencioso tema del control civil sobre los militares, ya que tradicionalmente los militares han ocupado una posición de poderío en la sociedad y el estado de América Latina. En un nivel más general, el caso centra su atención en el tema de la inmunidad diplomática, el alcance o los límites de la jurisdicción cuando se trata de abusos contra los derechos humanos y la puesta en práctica real de la legislación internacional y las convenciones de los derechos humanos.

Aunque parece muy probable que los tecnicismos y las complejidades legales del caso lo mantendrán en suspenso por largo tiempo, independientemente del resultado, lo más importante son las ramificaciones más amplias del caso, para el presente y el futuro del estado chileno; para otras democracias nacientes de América Latina cuyos dictadores militares son culpables de crímenes similares; y, para la legislación internacional en general. Este artículo intenta un análisis de estos temas.

El Caso

El problema para el General Pinochet comenzó cuando el 16 de octubre de 1998, ante el pedido urgente del Juez Baltasar Garzón, un magistrado español, el gobierno británico lo puso bajo arresto, ignorando su alegato de inmunidad diplomática como Senador y ex-jefe de gobierno. Los abogados del General apelaron contra el arresto e iniciaron un proceso en el que el sistema judicial británico ha estado bregando para clarificar las complejidades técnicas del caso.

En un primer pronunciamiento judicial, el 28 de octubre de 1998, Thomas Bingham, Presidente de la Corte Suprema de Inglaterra dictaminó que el General gozaba de inmunidad por ser ex-jefe de gobierno. Sin embargo, pocos días después, la comisión judicial de la Cámara de los Lores, el tribunal supremo del Reino Unido anuló la decisión del Juez Bingham y declaró que Pinochet podía ser extraditado. Esto se anunció el 25 de noviembre de1998, después de escuchar las presentaciones de Amnistía Interna cional y a 55 abogados de las otras víctimas de Pinochet.¹

Sin embargo, esto no bajó las cortinas en el capítulo británico del drama de la corte. A los pocos días del juicio, los abogados de Pinochet alegaron que uno de los Jueces, Lord Hoffmann, quien había dado el voto decisivo en el veredicto de 3-2, no había revelado sus vínculos con Amnistía Internacional. Por lo tanto se sugirió que su resolución pudo haber sido influenciada por esta asociación, ya que la organización realizaba campañas en contra del General. Esta petición fue aceptada el 17 de diciembre de 1998, cuando la Cámara de los Lores, en una rara admisión, dejó de lado su decisión que negaba inmunidad al General y programó otra audiencia para un mes después que sería considerada por un nuevo panel de cinco jueces.²

Sin embargo, mientras que la revisión de la decisión de los Jueces estaba aún pendiente, el Ministro del Interior Británico, Jack Straw, anunció que su gobierno permitiría la continuación del proceso de extradición. El anuncio se hizo en la víspera del 50 aniversario de la declaración de los derechos humanos y fue ampliamente percibido como una victoria de los activistas de los derechos humanos en todo el mundo. Por otro lado, la reacción del gobierno y los militares chilenos fue comprensiblemente de rabia e indignación. La situación fue calmada en parte por la nueva decisión de los jueces, y a la luz de ello el gobierno chileno pidió una revisión de la decisión de Straw.

Mientras tanto, a instancia de los parientes de las víctimas y los sobrevivientes del régimen de Pinochet, los fiscales acusadores de Francia, Suiza y Bélgica también presentaron casos que demandaban su extradición. También se siguen investigaciones contra Pinochet en Alemania, Luxemburgo, Suecia e Italia. Cuál será el resultado final del caso, sólo el tiempo lo dirá, pero por el momento resulta esencial examinar las posibles repercusiones del caso en diferentes niveles.

El Surgimiento de Pinochet

Para entender las posibles ramificaciones del juicio del General Pinochet, si alguna vez se lleva a cabo, en Chile resulta pertinente examinar brevemente las condiciones en las que primero asumió el poder en 1973 y las circunstancias en las que se desprendió del mismo en 1990.

Un Chile democrático había sido testigo de la transferencia pacífica del poder mediante elecciones hasta 1970. De hecho, en los años 60, bajo el gobierno del Presidente Kennedy, Estados Unidos había convertido a Chile en el centro de atención y apreciación especial en un esfuerzo por exhibir su democracia y la consecuente ayuda estadounidense, para así contrastarla con el estado del gobierno comunista de Cuba. Temeroso de un presidente izquierdista en Santiago, Estados Unidos ayudaba al Partido Demócrata Cristiano de Chile para asegurar la derrota del Partido Socialista en las elecciones nacionales de 1958 y 1964. Sin embargo, para las elecciones programadas en 1970, se consideró que el candidato presidencial del Partido Socialista, Salvador Allende estaba recibiendo tanto apoyo local que Henry Kissinger dijo, "No veo por qué tenemos que mirar sin hacer nada mientras que un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propia gente".³

No obstante, a pesar del mayor apoyo a la campaña del candidato demócrata cristiano, Salvador Allende ganó las elecciones y Chile tuvo su primer Presidente Socialista en 1970. Comprensiblemente, su tendencia abiertamente Marxista indujo preocupaciones no sólo en Washington sino también entre los chilenos conservadores. Los documentos hechos públicos por el gobierno estadounidense detallan la antipatía de la administración Nixon por el gobierno de Allende y su esfuerzo por derrocarlo. Éstos incluyen los esfuerzos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) durante los dos años siguientes para hacer "lo máximo a fin de debilitar su gobierno [Allende], imponiendo sanciones económicas y gastando más de 8 millones de dólares en un programa para perturbar la economía chilena".⁴ El gobierno estadounidense temía que la decisión chilena de reducir los márgenes de ganancia de las empresas estadounidenses fuera imitada por otros países de América Latina y, por consiguiente, realizó todos los esfuerzos para volcar el temporal en contra de Chile. En consecuencia, los créditos del EXIMBANK disminuyeron de 234 millones de dólares en 1967 a cero en 1971. Los préstamos del Banco Internacional de Desarrollo (IDB) cayeron de 42 millones de dólares a sólo 2 millones de dólares.⁵ Además, Estados Unidos persuadió a sus aliados y otras naciones europeas para que no le prestaran a Chile, montando así un bloqueo virtual de inversiones a la economía chilena.

En otro frente, también se tentaron las posibilidades de comprometer a los oficiales militares en un golpe de estado, aunque esto no sucedería sino hasta tres años después, nada menos que por Augusto Pinochet. Ciertamente, los esfuerzos de la CIA crearon las condiciones necesarias para la acción originando la destitución del General René Shneider, un demócrata y defensor de la Constitución. El General Shneider había permanecido indiferente a las insinuaciones de la CIA de organizar un golpe de estado, provocando que la CIA incitara a algunos oficiales derechistas para que lo secuestraran. En la operación, el General fue asesinado y de este modo quedó eliminado un obstáculo crucial para el éxito del golpe de estado de Pinochet.

Así llegó Pinochet al poder y con la aprobación tácita de los Estados Unidos comenzó a depurar el país de todos los elementos que mostraran inclinaciones marxistas-izquierdistas. Los años 1973-1978 son infames por ser los más crueles del período de las "guerras sucias" chilenas. Durante estos años se cree que 2,095 personas fueron asesinadas y desaparecieron 1,102. Hace casi una década, se halló prueba decisiva de una tesis sostenida por largo tiempo que durante estos años, los regímenes militares de seis países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay habían conspirado entre ellos para llevar a cabo un intento coordinado bajo la dirección del general argentino Menéndez de eliminar de la región todos los signos evidentes de Marxismo.⁶ Se cree que los sórdidos detalles de los secuestros, asesinatos y desapariciones llevados a cabo bajo esta "Operación Cóndor" están contenidos en los "archivos del terror", que pesan cinco toneladas, descubiertos por un oficial militar paraguayo en 1989.⁷ Se cree que el Chile de Pinochet otorgó amplio apoyo y entrenamiento mientras que servía de "santuario" para los extremistas de derecha.^7a

Más recientemente, el ganador del Premio Nóbel de la Paz de 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, preparó un informe de investigación sobre la operación y lo entregó al magistrado español que maneja el Caso Pinochet.⁸ También se descubrió que las bases de la Operación Cóndor se establecieron en la Escuela de las Américas en Panamá, donde la CIA había entrenado 40,000 soldados latinoamericanos altamente calificados para que se encarguen de operaciones de esta naturaleza.

Sin embargo, el General Pinochet promulgó en 1978 una Ley de Amnistía, según la cual se absolvía a sí mismo y a sus oficiales de toda responsabilidad por los abusos contra los derechos humanos. Más bien se justificaron los abusos considerándolos necesarios para salvar a la nación de caer en la anarquía. Pinochet gobernó a Chile con mano dura durante la siguiente década y los militares gozaron de amplios poderes. Toda la actividad política fue contenida o regulada porque los partidos políticos habían sido prohibidos, se cerró el Congreso y se impuso un toque de queda que duró más de una década. Estas acciones, fueron, y continúan siendo justificadas por los militares como necesarias dada la situación de emergencia "tipo guerra" que existía entonces. Los militares alegan que estos excesos deben olvidarse ahora como parte de la reconciliación implícita en su retorno a los cuarteles. Pinochet mismo está convencido de que salvó al país del caos y en su discurso de retiro dijo, "Misión cumplida".⁹ Incluso recientemente, en lo que se describe como su testamento político, dijo, "He sido objeto de una maquinación político-judicial astuta y cobarde, que no tiene valor moral... el comunismo ha asesinado muchos millones de seres humanos este siglo. Estoy siendo acusado por haberlo derrotado en Chile, salvando al país de una virtual guerra civil".¹⁰

Convencido de la rectitud de sus acciones, no fue sino hasta 1988 que permitió un plebiscito nacional, entonces también había esperado usarlo como un instrumento para legitimar su poder. Sin embargo, el resultado fue abrumadoramente a favor de la democracia y por consideración al mismo, inició los procedimientos necesarios para permitir finalmente que Chile tuviera elecciones en 1989.

No obstante, en un intento de no renunciar completamente a todo el control militar de la administración, se mantuvo como Jefe Supremo de las fuerzas armadas hasta marzo de 1998. Antes de las elecciones, había introducido una disposición constitucional estipulando que los comandantes militares podían

continuar en sus puestos por otros ocho años después de las elecciones. En consecuencia, se retiró del cargo de Jefe Supremo solamente después de asegurarse la inmunidad diplomática en Chile al convertirse en Senador vitalicio.

Mientras que los opositores del Presidente Frei lo han criticado por permitir que Pinochet ocupe un escaño en el Senado, la verdad es que ni el Senado ni el Presidente hubieran podido impedir que lo hiciera. Era suyo por derecho, otorgado por la disposición constitucional que cualquier ex-Presidente que haya servido durante más de seis años puede convertirse en Senador vitalicio. Por lo tanto, mientras diseñaba la Constitución, Pinochet había asegurado inteligentemente la institucionalización de un bloque militar en la legislatura. Tal como se propuso, esto ha frustrado todo intento de modificar la Constitución para reducir el control militar sobre la administración civil, y también ha bloqueado todos los movimientos dirigidos al enjuiciamiento de los líderes militares. Sin embargo, lamentablemente para el General, no había previsto el hecho de que ninguna amnistía nacional podría garantizarle inmunidad internacional.

La Situación Doméstica Actual

Desde el inicio del caso, la coalición gobernante centro-izquierdista de Chile ha venido caminando en la cuerda floja. Encabezando un gobierno que incluye a los Demócratas Cristianos centristas y a dos partidos de izquierda, la defensa de Pinochet por el Presidente Eduardo Frei ha sido un intento de mantener la paz en un país relativamente volátil por el tema de los abusos contra los derechos humanos durante el período militar. A su vez, ha trabajado para asegurar que el gobierno permanezca unido ya que el Caso Pinochet y el importante asunto de los derechos humanos tienen el potencial de romper la coalición.

Desde que la democracia volvió a Chile, los gobiernos electos han intentado lidiar con la furia contenida del público por los abusos contra los derechos humanos y la extrema sensibilidad de los militares sobre el asunto. En 1991 se instituyó una comisión para investigar los crímenes, pero se enjuició a pocos de los acusados en la creencia de que la mejor garantía contra el pasado era seguir el camino conciliatorio del arrepentimiento y el perdón. Tal como lo señala el escritor chileno Ariel Dorfman, "En Chile existe un consenso durante los últimos ocho años de la transición a la democracia según el cual se olvida o deja de lado a Pinochet. Tanto la derecha como la izquierda están de acuerdo en esto, pero las víctimas y gran parte del país no están de acuerdo".^10a Esto se hizo ampliamente evidente cuando en una encuesta pública realizada poco antes del arresto del General, cerca de dos tercios de los encuestados dijeron que él y sus cómplices deberían ser enjuiciados.

Dado este antecedente, el arresto del General Pinochet inyectó comprensiblemente nueva esperanza y optimismo entre los sobrevivientes y familiares de las víctimas de aquella era. La hija de Salvador Allende expresó su felicidad con la "maravillosa resolución contra Pinochet".¹¹ También los partidos de izquierda opinan que es tiempo de introducir una nueva legislación y avanzar en la búsqueda de una solución a los problemas pendientes sobre los derechos humanos. El candidato presidencial del Partido Socialista para las elecciones nacionales que se deben realizar este año siguió su apelación ante Gran Bretaña para poner en libertad a Pinochet con otra apelación ante sus compatriotas de comprometerse a hacer justicia en el caso dentro del país. Convocó a un "pacto nacional" para garantizar que se haga justicia a Pinochet si regresa a Chile.¹²

En el otro lado del panorma político, los partidos derechistas partidarios de Pinochet critican al gobierno de no hacer lo suficiente para poner en libertad al General. Junto con el hijo de Pinochet, sostienen que el caso levantado contra el General es parte de una "conspiración socialista a nivel mundial" que está siendo conducida por el Juez Garzón, quien es "un agente del socialismo internacional".¹³ Este campo ha estado abogando una mayor participación de la maquinaria del estado en la lucha del país por liberar al General.

Tal como se esperaba, el estado del General ha dado lugar a muchas críticas y contra críticas entre los derechistas y los socialistas. Mientras que la derecha acusa al Partido Socialista de ser "traidores" y persistir en su actitud revanchista, los Socialistas responden tildando de "cobardes" al bloque de la oposición.¹⁴

El gobierno atascado entre los dos campos ha intentado seguir un curso equilibrado basado en un enfoque de principios. Mientras que el gobierno ha presentado su apelación por la libertad del General, el Presidente chileno Eduardo Frei ha sido bastante cauteloso en mantener su distancia en cuanto a condonar los crímenes de Pinochet. Reiteradamente ha señalado que lo que su gobierno defiende no es realmente la persona de Pinochet, sino el principio de la inmunidad diplomática de un ex-jefe de estado y la jurisdicción territorial de las cortes chilenas. Tal como el Ministro de Relaciones Exteriores ha aclarado, "No debemos defender al Senador Pinochet como persona ni mucho menos contra los posibles crímenes que pudo haber cometido. Lo que debemos defender es la soberanía jurisdiccional del estado chileno... el derecho del estado soberano de Chile como estado democrático con imperio de la ley, para poner en practica su propia justicia, para dictar sus propias leyes y para tener sus propias cortes y, por lo tanto, para que los chilenos juzguen los crímenes cometidos en Chile".¹⁵

El gobierno se ha expresado a favor de la "universalización de la justicia" en el área de los crímenes en contra de la humanidad, pero también ha sostenido su deseo de hacerlo de manera independiente, sin ser obligados por las decisiones unilaterales de otros países. Es importante señalar que Chile ha sido uno de los promotores de la creación de la corte criminal internacional que pasó a existir mediante el Tratado de Roma, y en el Caso Pinochet ha declarado que dicha corte, tal y cuando entre en vigencia, sería la autoridad ideal para juzgar tales crímenes.

Sin embargo, en la búsqueda de la vía intermedia, el gobierno ha propiciado la crítica tanto de parte de sus aliados como de la oposición. Esta última, que ha estado apoyando un planteamiento más firme hacia el Reino Unido y España, ha cuestionado la sinceridad del gobierno sobre el tema. Pero cuando el gobierno, después de la decisión de Jack Straw, retiró su embajador en Londres, suspendió todas las visitas oficiales a los dos países y también suspendió los vuelos chilenos a las Malvinas,¹⁶ sus aliados socialistas inmediatamente lo acusaron de sucumbir ante las demandas derechistas.

Atrapada en una telaraña, ¿está la democracia chilena en peligro? Curiosamente, la mayoría de los chilenos parece no pensar así. En una encuesta a nivel nacional, el 66 por ciento respondió que no creían que la democracia estuviera en peligro, y el 71 por ciento dijo que el arresto de Pinochet no los afectaba. De manera significante, mientras que el 64 por ciento pensaba que era culpable, casi el 57 por ciento quería que su juicio se realice en Chile.¹⁷ De manera similar, incluso los oficiales de gobierno han negado que exista ningún riesgo para la democracia chilena, aunque concuerdan en que el arresto de Pinochet ha producido "tensión y polarización" dentro del país.¹⁸ Otra indicación de que la actividad democrática continúa realizándose como de costumbre es el hecho de que todos los partidos políticos del país se están preparando para las elecciones nacionales que se realizarán posteriormente en este año. De hecho, en un resultado significativo, la crisis Pinochet también ha tenido el efecto de unir a los dos partidos de centro-derecha que hasta hace poco mantenían sus diferencias y rivalidades, especialmente en cuanto a la decisión de un candidato presidencial común.

La Reacción Militar

Sin embargo, ya que cualquier amenaza a la democracia chilena en este momento sólo puede venir de los militares, sería pertinente examinar su reacción ante el arresto de su ex-Comandante en Jefe. Desde que surgió por primera vez el caso, el presidente ha intentado no sólo de mantener informados a los militares de las acciones del gobierno sino también de involucrarlos. La noche de la decisión desfavorable de los británicos, Eduardo Frei había convocado a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional de ocho miembros. Curiosamente, este consejo está formado por cuatro comandantes militares en servicio, el Presidente y otros tres civiles, claramente un medio para equilibrar todas las decisiones que se tomen.

No obstante, tal como se pudo haber esperado, los militares chilenos expresaron su desencanto con el caso. Luego del dictamen de los jueces británicos, la Fuerza Armada declaró que el dictamen "había provocado una profunda frustración, indignación y preocupación dentro de la Fuerza Armada y la comunidad militar...".¹⁹ Algunos ex-oficiales militares también manifestaron su indignación por el caso. Por ejemplo, el Senador Fernando Cordero, ex-Director de los Carabineros dijo que el decreto de los Jueces no sólo amenazaba la soberanía chilena sino "que hemos perdido parte de nuestra soberanía...".²⁰

En una manifestación de su indignación con el caso, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Chilenos amenazaron con revisar sus programas de adquisiciones militares en el Reino Unido y España y los contratos con los mismos. Por ejemplo, en una primera advertencia de este tipo, la Marina advirtió a España en noviembre, que la compañía constructora de barcos de propiedad del estado español, Empresa Nacional Bazán, sería excluida de su contrato para construir dos submarinos de clase Scorpene valorizados en 60 mil millones de pesetas si el proceso de extradición de Pinochet continuaba.²¹ Sin embargo, pocos días después, las fuentes militares chilenas descartaron toda congelación del contrato ya que obligaría a la parte que lo rescindiera al pago de una cuantiosa multa. Por otro lado, la Marina está interesada en la renovación y modernización de su antigua flota y ha expresado su deseo de mantener el asunto del contrato independiente del resultado del Caso Pinochet.

En diciembre, la Fuerza Aérea Chilena anunció que postergaría su decisión final sobre la adquisición de armamentos de fabricación europea, especialmente aquellos de España y el Reino Unido hasta que el Caso Pinochet llegue a una solución definitiva. Al mismo tiempo, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea aclaró que la compra de aeronaves de España "no se había abandonado".²² A mediados de diciembre, cuando se hizo evidente que el caso no tendría una solución rápida, el Comandante en Jefe expresó una vez más la esperanza que el efecto del caso sobre las ventas sería "mínimo".²³ Manifestó que sería imposible suspender completamente las relaciones con Gran Bretaña ya que se necesitaban piezas de repuesto y suministros para los aviones británicos que operan en la Fuerza Aérea Chilena.

Por lo tanto, es evidente que los militares han adoptado un enfoque pragmático ante el problema Pinochet. Mientras que han expresado abiertamente su solidaridad con el ex-Comandante en Jefe, no se han precipitado en cancelar contratos de armas con las dos naciones europeas, deseosos de renovar sus activos militares actuales y adquirir otros nuevos. Por tanto, mientras que se han escuchado rumores de indignación, no puede presumir que esté a punto de organizarse un golpe militar. Tal posibilidad es cada vez más remota teniendo en cuenta el ambiente modificado actual a nivel regional e internacional, el cual ejerce presión para mantener alguna forma de democracia. Tampoco es probable que Estados Unidos favorezca un golpe militar por temor a desatar una reacción en cadena de situaciones parecidas en un área famosa por sus cambios cíclicos de gobierno. Al mismo tiempo, los otros países de América Latina también están interesados en mantener la democracia, y de allí su apoyo a la posición del gobierno chileno tal como se discute en los siguientes párrafos.

Relaciones Regionales de Chile

El arresto del General Pinochet también causó conmoción en los otros países de América Latina. Para la mayoría de ellos pasó a ser de inmediato una causa de preocupación, ya que ellos también habían otorgado amnistía a sus ex-dictadores militares y temían que las reacciones militares adversas perturbaran el aún frágil proceso de transición democrática. En consecuencia, es natural que la mayoría de ellos expresaran solidaridad con los intentos del gobierno chileno de abogar por el retorno del General Pinochet a Santiago.

El vecino inmediato de Chile, Argentina, a quien Santiago no había apoyado durante la última guerra con el Reino Unido por las Islas Malvinas, fue rápido en apoyar la posición chilena en un intento explícito de "fortalecer la democracia chilena". Buenos Aires reafirmó su posición "en defensa de la jurisdicción territorial de las cortes, del principio que las leyes no se pueden imponer retroactivamente...".²⁴ El gobierno argentino se expresó también en favor del principio básico de la ley penal que se debe aplicar donde se cometieron los crímenes, y con este fundamento respaldó a Chile.

El vecino del norte de Chile, Perú, expresó su desacuerdo con la resolución de los Jueces ya que "no respetaba la independencia de las naciones".²⁵ Colombia opinó que tales casos no podían ser juzgados por cortes nacionales y que debería haber una corte internacional que juzgue los crímenes contra la humanidad.²⁶ Cuba también cuestionó la legalidad del caso contra Pinochet ya que infringía el principio de territorialidad.²⁷

En contraste con las reacciones de las naciones antes mencionadas, el presidente brasileño rehusó comentar sobre la resolución por bastante tiempo, describiéndola como un asunto bilateral entre Chile y el Reino Unido. Solamente a principios de diciembre de 1998 expresó públicamente su apoyo a la oposición chilena a la extradición de Pinochet, y en este caso también lo hizo mediante una declaración oficial firmada por los jefes de Estado de los cinco países del MERCOSUR. El presidente brasileño enfatizó el apoyo brasileño para la creación de mecanismos legales internacionales que castiguen las violaciones de los derechos humanos, pero advirtió que la "arbitrariedad" no era la solución al problema.²⁸

Entretanto, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), César Gaviria, manifestó que los crímenes que pudieran haberse cometido en Chile recaían dentro de la jurisdicción de las cortes chilenas. Por lo tanto, expresó su preocupación de que tal resolución podría establecer un precedente para la imposición extraterritorial de leyes decretadas por cualquier país.²⁹

Implicaciones para la Legislación
Internacional

Desde el punto de vista de la legislación internacional, el Caso Pinochet levanta interrogantes sobre dos asuntos principales: ¿goza un ex-jefe de estado de inmunidad soberana? y ¿bajo qué jurisdicción, territorial o extraterritorial, recae un caso de esta naturaleza? En cuanto al primer punto no se puede negar que existe una variedad de tratados que explícitamente rechazan la inmunidad de cualquier oficial, incluyendo los ex-jefes de estado, en los casos en que se hayan cometido crímenes de tal naturaleza. Pero como estas disposiciones internacionales no se han plasmado en leyes nacionales, el tema resulta ambiguo y propenso a juicio en una base de caso por caso. En cuanto al segundo punto, mientras que el gobierno chileno defiende el principio de territorialidad, los grupos de derechos humanos han reclamado jurisdicción universal, es decir, que todos los países tienen un derecho y una obligación de juzgar o extraditar a los acusados de crímenes contra los derechos humanos. Hasta ahora, los juicios de Nuremberg y las cortes de crímenes de guerra de Tokio siguen siendo los únicos intentos de la comunidad internacional, que se recuerdan, de someter a juicio a los violadores de los derechos humanos. Más recientemente, en 1993, se establecieron los tribunales de Yugoslavia y Rwanda, aunque todavía no es clara su eficacia.

Sin embargo, aunque la jurisdicción universal es un concepto elogiable, tiende a dejar pasar por alto tres factores cruciales. En primer lugar, existen dificultades prácticas para organizar un proceso de enjuiciamiento internacional. El proceso se complica más por las extradiciones y los arrestos internacionales que presentan obstáculos políticos. En segundo lugar, tiende a chocar con el concepto de soberanía nacional y la jurisdicción de las cortes nacionales por crímenes cometidos en su propio territorio. En tercer lugar, en casos tales como el que se analiza, la jurisdicción universal podría poner en peligro un proceso de reconciliación nacional en marcha en un país en el que la democracia aún no está firmemente institucionalizada.

El jurado aún no ha definido el destino del General Pinochet. También sigue siendo debatible qué tipo de señal debe dejar el Caso Pinochet para otros. Si se somete a juicio al ex-dictador, y se le condena, ¿desanimaría entonces el traspaso del poder de otros dictadores a los gobiernos elegidos por temor a ser enjuiciados en el futuro por los errores cometidos? O, en caso de que Pinochet se libre del juicio, ¿estimularía este hecho a que otros usurpen el poder y abusen del mismo con impunidad, con la confianza de que podrían escapar con el pretexto de haber cometido barbaridades porque eran necesarias en su momento? Además ¿no tiene toda nación soberana el derecho de decidir su reconciliación o revancha luego de haber sufrido una dictadura larga y brutal? ¿No concedió también España amnistía al ex-dictador General Franco y sus hombres, y no optó Sudáfrica por el mismo curso? ¿Podrían y deberían también estos violadores de los derechos humanos ser enjuiciados en un tercer país?

Desgraciadamente, no hay respuestas fáciles a estas preguntas. Mientras que sería definitivamente una victoria para los derechos humanos si se pudiera hacer justicia para las víctimas de Pinochet, a la vez, sería contraproducente perturbar la transición democrática chilena en el proceso. Si después de todo se debe juzgar a Pinochet, el juicio debe realizarse en Chile y con consenso nacional. De hecho, sería muy importante tener a los militares del lado del juicio, ya que solamente entonces podrá asegurarse la continuidad de la democracia. Por lo tanto, es necesario que los militares se eleven por encima de sus intereses personales a fin de limpiar su nombre e imagen, y de tal modo llevar también paz y estabilidad a una nación que aún sufre las cicatrices de la dictadura.

NOTAS:

1. T.R. Reid, "Jueces británicos anulan denegación de inmunidad para Pinochet", Washington Post, 18 de diciembre de 1998.

2. "El Presidente Frei recibe con agrado el dictamen de la Cámara de los Lores en el Caso Pinochet", Summary of World Broadcasts (SWB), Parte 5, AL/3414, 19 de diciembre de 1998, L/1.

3. William Pfaff, "EE.UU. y Pinochet de la Mano", The Asian Age, 10 de diciembre de 1998. Impreso originalmente en International Herald Tribune.

4. Ib.

5. Vaiju Naravane, "¿Escapando al Día del Juicio?", The Hindu, 14 de diciembre de 1998.

6. Los abogados que investigan los crímenes cometidos por los militares en Argentina y Chile han solicitado que el juez Garzón emita una orden de arresto internacional contra los generales argentinos Menéndez y Bussi. "Los demandantes en el Caso Pinochet solicitarán el arresto de 2 generales argentinos", SWB, AL/3401, 4 de diciembre de 1998, pág. L/1.

7. "El Premio Nóbel Pérez Esquivel entrega informe sobre Pinochet al juez español", SWB, AL/3402, 5 de diciembre de 1998, pág. L/7.

7a. Christopher Henning, "Crimen y castigo", Sydney Morning Herald, reproducido en World Press Review, enero de 1999, pág. 12.

8. Ib.

9. Naravane, n. 5.

10. "Pinochet dice a los chilenos que él "es inocente de todos los crímenes", SWB, AL/3409, 14 de diciembre de 1998, pág. L/1.

10a. Samuel Blixen, "Operación Cóndor: Terror de estado", Brecha, reproducido en World Press Review, enero de 1999, pág. 13.

11. "La hija de Salvador Allende recibe con beneplácito el maravilloso dictamen Pinochet", SWB, AL/3395, 27 de noviembre de 1998, pág. L/5.

12. "El socialista Lagos pide Consenso Nacional en el juicio de Pinochet", SWB, AL/3400, 3 de diciembre de 1998, pág. L/8.

13. "El hijo de Pinochet acusa a la conspiración socialista por la difícil situación de su padre", SWB, AL/3397, 30 de noviembre de 1998, pág. L/4.

14. "El partido opositor UDI pide la expulsión de los embajadores británico y español", SWB, AL/3408, 12 de diciembre de 1998, pág. L/4.

15. "Ministro de Relaciones Exteriores reacciona al nuevo dictamen de los Jueces en el Caso Pinochet", SWB, AL/3415, 21 de diciembre de 1998, pág. L/1.

16. El gobierno chileno, como protesta contra la decisión desfavorable de Jack Straw ha dado instrucciones a sus líneas aéreas nacionales para que suspendan vuelos a las Islas Malvinas. Sin embargo, LAN-Chile decidió cumplir sus compromisos pendientes con sus pasajeros y clientes de carga. Esta ruta es rentable para la aerolínea ya que transporta no sólo pasajeros, también realiza importantes operaciones de carga.

17. "La mayoría de chilenos se muestran indiferentes ante el arresto de Pinochet, dicen que la democracia no está en peligro: Encuesta", SWB, AL/3401, 4 de diciembre de 1998, pág. L/5.

18. "Presidente del Senado predice mayor tensión si el Caso Pinochet se prolonga más", SWB, AL/3413, 18 de diciembre de 1998, pág. L/6.

19. "El Ejército muestra indignación ante el dictamen Pinochet", SWB, AL/3395, 27 de noviembre de 1998, pág.L/3.

20. "Comunicado de la Marina lamenta el dictamen contra Pinochet", SWB, AL/3395, 27 de noviembre de 1998, pág. L/3.

21. "La Marina amenaza con excluir a firma española del Contrato de Submarinos", SWB, AL/3397, 30 de noviembre de 1998, pág. L/3.

22. "Compras de armas de Gran Bretaña y España en suspenso, dice el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea", SWB, ALW/0568, 15 de diciembre de 1998, pág. WL/9.

23. "La Comisión que investiga las ventas de armas británicas tendrá efecto mínimo", SWB, AL/3412, 17 de diciembre de 1998, pág. L/3.

24. "Menem comenta sobre el Caso Pinochet", SWB, AL/3396, 28 de noviembre de 1998, pág. L/4.

25. "Ministro de Relaciones Exteriores peruano dice que el asunto Pinochet deben resolverlo los propios chilenos", SWB, AL/3395, 27 de noviembre de 1998, pág. L/6.

26. "Presidente colombiano y Ministro de Justicia analizan el dictamen Pinochet" SWB, AL/3395, 27 de noviembre de 1998, pág. L/6.

27. "El juicio contra Pinochet es moralmente justo, pero legalmente cuestionable: Oficial cubano", SWB, AL/3396, 28 de noviembre de 1998, pág. L/3.

28. "El Presidente de Brasil respalda públicamente la posición de su contraparte chilena en el Caso Pinochet", SWB, AL/3408, 12 de diciembre de 1998, pág. L/5.

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